Esa lacra de la corrupción
Si hay un tema del que me resulta especialmente desagradable escribir es de la corrupción política. Lo he hecho ya en otras ocasiones, mas como continúa estando presente en esta nuestra querida España, por simple responsabilidad ciudadana me siento obligado a seguir haciéndolo. Es probable, mejor seguro, que muchos compatriotas míos al ver el tema no proseguirán la lectura. En buena lógica exclamarán “otra vez con la misma tabarra o ya vale”. Entiendo que emitan exclamaciones iguales o muy parecidas, generadas por el hartazgo y el malestar. Pero la realidad es la que es. Los casos se suceden uno tras otro sin que se vislumbre un final. Recientemente pudimos contemplar en el Parlamento a nuestros ínclitos representantes en otra sesión bochornosa. Los dos principales partidos enzarzados en los casos de corrupción, chapoteando en la ciénaga. Los unos sacaron el caso Gürtel, los otros los Eres falseados de Andalucía, mostrándose implacables con el posible caso de corrupción del contrario y extraordinariamente magnánimos con el suyo propio. Con el diluvio que tenemos encima, ellos erre que erre con lo mismo, con el monótono y agobiante “y tú más que yo”. Comportamiento que lamentablemente se traslada a buena parte de la ciudadanía, que responde con la misma cantinela. Con ello nuestros políticos demuestran, como si fueran autistas, su total desconexión con las inquietudes y preocupaciones reales de la gente de la calle. De ahí el profundo y creciente desencanto hacia ellos, aunque tampoco parece preocuparles demasiado. Mas es un tema clave para la credibilidad de nuestro sistema democrático. Por ello, los partidos políticos deberían alcanzar un pacto estatal para erradicar de raíz, pero de verdad, cualquier atisbo de corrupción en sus propias filas. Y así cuando se presentase algún caso, las cúpulas de los diferentes partidos deberían abrir puertas y ventanas de par en par en aras a facilitar la investigación judicial, en lugar de poner todo tipo de trabas y dificultades y de culpar al partido contrincante, que esté al frente del gobierno en ese momento, de estar fabricando una conjura en connivencia con jueces, fiscales, policías y periodistas, aunque ello suponga un grave quebranto institucional. Tampoco deberían presentar a nadie en sus listas electorales que estuviera incurso en delitos de corrupción. El PSOE acaba de comprometerse a que no habrá en sus listas ningún condenado por corrupción. A la hora de hablar de imputados, ha prometido que no habrá imputados por corrupción siempre que además estén acusadas de enriquecimiento ilícito. Alcanzados estos acuerdos, ya no habría que malgastar ni un segundo más en el tema y dedicarse con exclusividad en buscar soluciones a los problemas que acucian de verdad a la ciudadanía, que no son pocos.
Pienso que la existencia de la corrupción en parte se explica por falta de reacción ciudadana ante ella. En ocasiones parece como si nos diera igual. Resulta difícil de entender que, tal como señalan las encuestas, es muy probable que llegue a la Moncloa el líder de un partido político, incurso hasta las mismas entrañas en delitos de corrupción, cuyo tesorero tuvo que presentar la dimisión y que tenía el despacho en la sede de calle Génova, pared con pared con el de Mariano Rajoy. Como también el que ha sido nombrado candidato a la presidencia de su comunidad un político, al que el fiscal le acaba de acusar de recibir unos regalos constitutivos de delitos continuados de cohecho, previstos en los artículos 426 y 74 del Código Penal y que ha establecido la siguiente petición de pena: multa de 5 meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros, lo que da un total de 41.250 euros.
Mientras que ocurren los casos anteriormente mencionados, además de todos los de la Comunidad de Madrid en los que es difícil saber cuántos alcaldes, concejales y diputados populares están implicados, en el colmo del cinismo y del sarcasmo nos acabamos de enterar de que el PP difundía entre los miembros de su dirección y las organizaciones regionales el borrador del programa marco para las próximas elecciones autonómicas y locales, y que en el un último apartado, titulado "Regeneración", plantea medidas muy contundentes contra la corrupción. Según señala “La lucha contra la corrupción se convierte en uno de los pilares principales del PP, ya que la legitimidad del sistema democrático no puede quedar en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos”. De verdad, leer estas líneas programáticas anticorrupción, tras confirmar la candidatura de Camps, es una falta de respeto a la ciudadanía española. Es sorprendente que estas circunstancias no tengan su reflejo a nivel electoral. Tal como observamos la corrupción en la democracia actual nunca tiene efectos tan inmediatos y devastadores sobre los cargos políticos. Puede que sea porque esta sociedad anda totalmente desnortada, como si no tuviera muy claros los auténticos valores éticos, ya que parece moverse por motivaciones estrictamente económicas. Si un candidato nos ha hecho un favor o nos promete una recalificación injusta de un terreno, nos tapamos la nariz, le votamos y punto. Mas no debería ser así. Debería producirse una contundente respuesta de la sociedad civil para no votar a todo aquel acusado de corrupción. No podemos acostumbrarnos a la imagen de un pueblo aclamando a su alcalde y concejales corruptos; como tampoco a que determinados cargos públicos electos, incursos en delitos de corrupción urbanística, al presentarse de nuevo, no sólo no sean castigados, es que salgan reforzados en las elecciones. Recientemente la escritora Irene Lozano acaba de decir con muy buen criterio “Ahora, formulemos un par de preguntas: si los políticos son culpables exclusivos de sus males, ¿por qué los ciudadanos recibimos el castigo de padecerlos? ¿Por qué culpa y pena no siguen caminos paralelos? La respuesta está en Valencia, donde cunde la interesada idea del aventajado alumno de Fabra, Francisco Camps, según la cual las urnas otorgan un impoluto certificado de penales a los más votados. Contra esta perversión disponemos de un arma defensiva: basta con no votarles. Así, culpa y pena volverán a caminar de la mano: serán los malos políticos quienes reciban su castigo, y no nosotros”.
Por lo que estamos observando, los escrúpulos morales pertenecen a épocas pretéritas. Un caso del pasado nos podría servir de contundente ejemplo. Una trama de corrupción y sobornos, el escándalo del straperlo, acabó en 1935 con la vida política de Alejandro Lerroux, el viejo dirigente republicano del Partido Radical que presidía entonces el Gobierno. Los ministros radicales tuvieron que dimitir y cayeron muchos cargos provinciales y locales del partido. Todavía más, en las elecciones de febrero de 1936, el Partido Radical, que había gobernado de septiembre de 1933 hasta finales de 1935, se hundió estrepitosamente en las elecciones. Quedó reducido a cuatro diputados, noventa y nueve menos que en 1933. Lerroux ni siquiera salió elegido en la lista. Todo un buen ejercicio de ciudadanía responsable. Toda una lección de nuestros antepasados. Y eso que en aquellas fechas la mitad de los españoles eran analfabetos. Tendrían carencias educativas, pero lo que tenían muy claro era la importancia de determinados valores. Uno de ellos era la intolerancia hacia los casos de corrupción. En cambio, los españoles del 2011 con los mayores niveles de cultura y de vida de toda la historia tenemos otras carencias no menos importantes.
Cándido Marquesán Millán
13 comentarios
tun -
Alomejor desviar fondos públicos específicos a otros menesteres igual está legalizado y no me he enterado.
jose punto punto -
tun -
Cierzoyniebla -
Pascual -
Información y Opinión
Ambos partidos (PSOE y PP) son corruptos, pero ganan los socialistas
Nota
No hay evidencia suficiente de que la Justicia haya decidido acabar con la corrupción política en España, entre otras razones porque los peores delitos, los de corrupción institucional, quedan impunes, pero es cierto que algo se está moviendo y que ese movimiento empieza a generar cierta esperanza entre los demócratas.
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El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, reconoce que el PSOE supera al PP en corrupción al revelar que en la actualidad hay un total de 730 casos de corrupción, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra partidos políticos, de los que 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE y 200 contra miembros del PP.
También hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independentista Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.
El titular del Ministerio Público explicó que los datos hoy expuestos demuestran la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años.
Al interpretar los datos, algunos políticos engañan cuando dicen que la corrupción en España es insignificante porque sólo hay 730 casos entre más de 80.000 políticos profesionales en activo. Javier Arenas defiende la mista tesis y afirma que la corrupción ni siquiera afecta al 90 por ciento de los políticos.
Sin embargo, esa interpretación es truculenta y falsa porque ignora dos datos claves: el primero es que en algunas de esas causas abiertas hay numerosos políticos implicados; la segunda es que, según las estadísticas internacionales, los casos de corrupción que afloran son menos del 20 por ciento de los que existen y los que llegan a lo Justicia ni siquiera son el 10 por ciento de los reales.
La información difundida ha sorprendido a muchos observadores y analistas, que no esperaban tanta claridad del Ministerio Fiscal. Sin embargo, los más conspicuos piensan que lo que el gobierno pretende al difundir estos datos es "igualar" a la clase política en corrupción, engañando de nuevo al ciudadano al hacerle creer que ese mal de la corrupción, en el que los socialistas llevan una notable ventaja, es común a todos los partidos y también una especie de "virus" inevitable del sistema.
Miguel -
La corrupción urbanística se ha cobrado algunas dimisiones , como la del director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto.
Otros, como el alcalde de Orihuela , ha renunciado a ir en las listas a las municipales del 2007. El PSOE, IU y otros partidos también tienen sus casos de corrupción. Estos son los casos del Partido Popular:
EN ALICANTE:
Alicante: El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.
EN ÁVILA:
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.
Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
EN BALEARES:
Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.
Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
EN BURGOS:
Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.
EN CÁDIZ:
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.
EN CANARIAS:
Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.
Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.
La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.
EN GRANADA:
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.
EN JAÉN:
Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.
EN MADRID:
Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.
Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.
Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.
Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.
Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.
Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.
EN MÁLAGA:
Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.
Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.
EN MURCIA:
Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de euros
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.
El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.
Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación.
Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.
Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.
Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.
* Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.
PONTEVEDRA:
Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.
La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.
Gondomar. La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.
Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.
EN LA RIOJA:
Lardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.
Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.
EN SALAMANCA:
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
EN SEVILLA:
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.
EN VALENCIA:
Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.
Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.
Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.
-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.
-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.
-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.
-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.
EN VALLADOLID:
Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.
Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).
Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.
anonimo -
Pascual -
Desde hace años el mundo, este que nos es cercano, nos ha estado adoctrinando con que el fin justifica los medios y el todo vale con tal de conseguir dinero y poder, y por ahi vienen los tiros.
Es desesperante ver como la gente se quiere parecer al poderoso, que no al coherente. Todos conocemos a Ronaldo, Messi, Florentino, etc, pero quien conoce a Jose Luis Sampedro, y ojo que tiene años de recorrido, y aboga por una economia mas humana, mas solidaria, capaz de contribuir a desarrolar la dignidad de los pueblos.
Los corruptos no se van, y las hurnas no los echan, porque muchos de los que van a votar, y aqui no me incluyo, justifican la corruptela y sobre todo si es de los suyos, y si ve que puede sacar tajada pues ya... ni cuento.
La formacion en colegios selectivos, por los precios de las matriculas y de las mensualidades selecciona a los dirigentes importantes del futuro, un club cerrado al que muchos quieren pertenecer, pues con el tiempo da prestigio, dinero, poder y borra conciencias.
Cuando las madres, las que fueran, peinaban hace pocos años a sus hijos como a Mario Conde era todo un simbolo del camino que querian para sus hijos y como este mil ejemplos, el bueno es tomado por tonto, y el chorizo si es gordo como ejemplo.
Pues en esto andamos y esto nos trae. Eso si, si nuestro hijo no llega nada, de lo que nosotros queremos, ojo, no lo que quiera el, la culpa del maestro, de la sociedad, del alcalde, de Rita la cantadora, de cualquiera, menos nuestra y asi es dificil educar, Primero los padres por favor, y despues que vayan pasando.
Junco (Miguel Gracia Fandos) -
Para luchar contra la corrupción, no pueden faltar tres cosas:
1- Información, muchos casos se cuelen conocer cuando algún implicado se queja del reparto. El caso Roldán fue una exepción, lo investigaron unos periodistas (de cuyo nombre no consigo acordarme) que pertenecían al GRUPO 16 que casualmente quebró poco más tarde.
2- Poder Judicial...
3- Responsabilidad del electorado. Pienso que este aspecto es el más descaradamente mejorable.
¿es un problema cultural? Si, pero porque todo tiene que ver con la cultura, los ocios y los negocios, la ética y la estética...
Hoy el problema está más en el exceso de focos que reclaman atención, y claro, si a algunas cosas (las andanzas de cualquier protagonista de telebasura o las patadas de algún futbolero) se les da más importancia de la que tienen, a otras, la corrupción por ejemplo, se les da menos importancia de la que merecen.
Hoy la cultura es, más que acumular conocimientos, tener criterio para dar a cada cosa la importancia que tiene, independientemente de la "el sistema" quiera darle.
El problema no creo que sea el trabajo de los maestros. Milagros no pueden hacer..., ni se puede esperar que los hagan. Veo más preocupante la inhibición de los padres (en general)
David Castillo -
La cultura no es tener una carrera o unos conocimientos, la cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres. Antes de la escritura ya existía la cultura y han existido y existen pueblos ricos en cultura que son analfabetos.
La educación reglada es una forma que tienen los estados para preparar a los hijos para funcionar en el sistema, ahora es lógico que se les eduque para el consumo y el aborregamiento, cuando estamos en una sociedad de consumo. También ahora se les educa en la necesidad de poder, se les recalca la importancia de ser "populares" en la clase, en el deporte, tienen que destacar sobre todas las cosas y triunfar. Yo he escuchado a maestros presentar a alguna persona por el nombre y los estudios, con esa estúpida idea de que el resto de las personas no importan. Pero algunos viejos maestros no se dan cuenta que siguen siendo los mismos catetos que cuando se fueron a la capital a estudiar y que en el pueblo hay trabajadores sin estudios con mas cultura y mas educación que ellos.
La corrupción forma parte del poder, mientras exista un poder existirá la corrupción. Son peores los casos de politiquillos, con menos votos que un presidente de comunidad de vecinos, que toman decisiones subjetivas para fastidiar al prójimo o beneficiar al amigo, estos medio funcionarios a pequeña escala que no gobiernan para el conjunto de los ciudadanos sino para unos pocos. De estos hay con la rosa en el puño y con gaviotas.
La republica, que para mi no tiene nada de ejemplar, tenía en el poder a una cuadrilla, salvo honrosas excepciones, de burgueses que vivía sobradamente de espaldas a un pueblo en la miseria. Algunos hablan de la educación en la república, pero no citan a los ateneos libertarios que enseñaban al obrero o al campesino gratuitamente, la escuela moderna de Ferrer i guardia o Ramón Acín que enseñaba desde el apoyo mutuo.
Contestando a Manolo, quiero decir que una persona con 25 años esta preparada para enseñar, mas que algunos maestros de 60 años. Los colegios y los institutos son reflejo de la sociedad y si 40 niños están montando follón como los adultos que ven en la tele y el profe no les puede gritar para no traumatizarlos, la cosa es difícil.
Actualmente un niño es educado por la televisión e internet, quien controla los medios controla a la futura masa consumista-productora.
el informador de las canalillas -
Manolo -
Román -
De esta manera nace la idea de contra-cultura.
Ahora bien, sí es preocupante ya que muchas personas consideraban que la educación sería un factor determinante pare el progreso de las sociedades, sin embargo en esta comparativa parece que vayamos hacia atrás. Es evidente que no podemos dejar de mirar lo que supone la educación a día de hoy. La escuela como medio de alfabetizar a una población sí cumple esa función pero quizá pretender que además de ello sea la única encargada de la educación de los ciudadanos es demasiado.
La influencia en la educación que han tenido las familias y actualmente la televisión, el cine e internet, los grandes medios de comunicación, etc. es algo contra lo que la escuela, probablemente no pueda hacer nada, si no existe una revolución de las ideas y de la cultura.