Acaba de darse a conocer la noticia de que una gran mayoría de nuestros diputados, los representantes de la soberanía popular, compatibilizan sus trabajos parlamentarios con otras actividades profesionales remuneradas en el sector privado. En el mes de junio pasado, cuando se constituyeron las Cortes después de las últimas elecciones generales, 305 de los 350 diputados pidieron compatibilidad, alguno al parecer obligado por motivos institucionales, para ejercer actividades al margen del escaño. Ahora, añadidas nuevas peticiones, ya solo quedan 33 con dedicación exclusiva.
En los datos proporcionados por El País y en el Dictamen sobre declaraciones de actividades de los Excmos. Sres. Diputados elevado al Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, por el Presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, por D. Francesc Vallès Vives podemos constatar la situación de compatibilidades de muchos diputados.
Un diplomático en situación de servicios especiales (excedencia) y portavoz de Exteriores, declarando, entre otras actividades, pertenecer al Consejo Asesor de Siconet Ingenieros.
Un caso de hiperactividad: concejal de Palafrugell (Girona), consejero de la Asamblea General de Caixa de Girona, director y administrador de Senconfis Asesoría (consultora de empresas) y socio administrador de Audir (prevención de riesgos laborales).
Un portavoz de un grupo parlamentario en la Comisión Constitucional incluyendo su participación en las academias de Jurisprudencia y Legislación, de Ciencias Académicas y Financieras, la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y la Militar de Zaragoza. También, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, la Institución Fernando el Católico, el Real Instituto de Estudios Europeos, la presidencia de honor de Ibercaja y Endesa, la Real Sociedad Geográfica, la presidencia de la Fundación Ibercaja, el Consejo Asesor del Instituto de Estudios Europeos y el Centro de Estudios Garrigues. En junio dijo que eran cargos "honoríficos, sin percibir por ninguno remuneración". Nueve meses después, precisó: "Es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia". Y añadió su participación en FAES, Aranzadi y la Fundación de Estudios Financieros.
Otro, ex ministro trabajando en el despacho Eius Abogados, que tiene múltiples contratos con ayuntamientos, aunque él no figure directamente en ningún contrato o pleito. El informe aprobado recientemente el jueves le autoriza a ser "coadministrador solidario de la Sociedad Limitada Michavila de Fernando, Family Office, que tiene por objeto asesorar, en su caso desde el punto de vista jurídico, a familias en la mejor gestión de su patrimonio".
Otro más autorizado para ejercer como abogado para asesorar a una empresa de head hunters (Bao & Partners Siguives Internacional) y, sobre todo, para presidir Petrolífera Ducar cuya actividad es "almacenamiento, compraventa y distribución de combustibles líquidos y sus derivados en Ceuta y Melilla, así como la gestión de Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos".
Continuamos con otro abogado y consejero de Bodegas Fuenmayor, S.A., y al que se le acaba de autorizar para ser consejero de la sociedad Grupo Santa Mónica Sports S.R.L., dedicada a explotación comercial de los derechos del fútbol y de la publicidad en estadios y de clubes de fútbol.
Y otro más que desde junio tiene autorizada la actividad de administrador único de la sociedad limitada Bajoz Mercantil, cuyo objeto social, según el dictamen, es: "Investigación, estudio, dirección, desarrollo de planes y proyectos, consultoría, asesoramiento y prestación de servicios en materia cultural, pedagógica, literaria y artística..La empresa tiene la sede junto al Congreso, para facilitar su compatibilidad. Podríamos seguir con más y más ejemplos.
Como no podía ser de otra manera esta circunstancia ha propiciado muchos comentarios en avezados articulistas políticos, como también en muchas tertulias de los ciudadanos de a pie. Ahora voy a presentar los míos.
Entiendo que no parece excesivo exigir a nuestros representantes, el que dediquen todo su esfuerzo, atención y dedicación a resolver los problemas de la ciudadanía, que para eso pienso que fueron elegidos; o por lo menos, eso nos dijeron en campaña electoral. Mas es harto difícil que puedan hacerlo, si una parte importante de sus horas de trabajo están dedicadas a atender sus gabinetes de abogados, sus asesorías a empresas privadas, a impartir clases en universidades; o cualesquiera otros menesteres. De verdad, con todas las tareas y necesidades que tiene este país, inmersos en una crisis económica profunda, con lo conveniente que sería hablar con sus votantes, por lo que no estaría de más el que cuando no estuvieran de trabajo en el Parlamento, abrieran algún día a la semana un despacho en la capital de su circunscripción electoral para recoger las quejas y las necesidades de sus votantes; con todos los asuntos que hay que analizar, estudiar, discutir y decidir. ¿Cómo es posible que los parlamentarios puedan estar enfrascados en sus negocios privados? Al Parlamento debería llegarse con la mente fresca y descansada, y no absorta con otras preocupaciones privadas. Como acaba de expresar con buen criterio, Juan José Millás en El País, “Que no comprendía que sus señorías puedan ser capaces de hacer feliz al pueblo y a sus consejos de Administración a la vez. “Por lo visto, 46 millones de ciudadanos no se merecen 350 representantes a jornada completa. Resulta que el escaño es una llave para abrir puertas, para sacase un sobresueldo”, apuntaba sin disimular su enojo.
Algunos argumentarán que las remuneraciones de los diputados son exiguas, y que por ello deben complementar sus remuneraciones con otras actividades. Por lo que parece son los parlamentarios peor pagados de Europa, pero sus retribuciones no son míseras. Por los datos que he podido recabar, un diputado raso de Madrid cobra 3.997 euros al mes, y uno de provincias, 4.952, a lo que hay que sumar billetes de avión, tren o barco gratis, 250 euros mensuales para taxis, dietas de 120 euros diarios para viajes dentro de España y 150 si es al extranjero, y 25 céntimos por kilómetro si se desplaza en su automóvil. Si el legislador tiene alguna responsabilidad parlamentaria adicional, portavoz, presidente de comisión o miembro de la Mesa, sus retribuciones aumentan considerablemente. Por ende, si la remuneración del acta de diputado o de senador no les colma sus aspiraciones, lo tienen muy claro. No se presentan y punto. Seguro que habrá otros muchos, con la suficiente preparación y con ganas de trabajar, que les suplirían convenientemente.
Con comportamientos como los comentados anteriormente, que no se extrañen nuestros egregios y conspicuos diputados y senadores, que cada vez la ciudadanía tenga menos confianza en la clase política. Como también que a los docentes no nos resulte fácil la impartición entre los adolescentes en nuestros institutos de la asignatura de "EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”. Y todavía más si tenemos en cuenta, tal como acaba de señalar Juan Carlos López, en El Diario de Córdoba: No hace mucho se contaba en los medios de comunicación que un determinado político que hasta ese momento había ocupado puestos relevantes de gestión pública debería pasar a un segundo nivel de responsabilidad para de este modo poder "hacer patrimonio" ya que aún no disponía de él. Le parecía que era lo razonable.
Cándido Marquesán Millán
